Las listas de espera de los hospitales y centros de salud aragoneses durante los primeros meses del verano son un potente marcador del descontento que se impone en la comunidad ante la degradación de los servicios públicos. El reciente informe del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) refleja una acusada tendencia en este sentido y pide que se tenga en cuenta "la favorable situación económica" de la comunidad para "actuar aliviando la presión" sobre un sistema de servicios sociales entre los que se incluye la atención médica, la educación o la dependencia.
El informe publicado esta semana recoge cómo el barómetro
sanitario de la comunidad refleja el cambio de percepción de la ciudadanía
respecto al sistema
sanitario a partir de la crisis pandémica de 2020. La
proporción de población aragonesa que lo aprueba ha bajado de forma
significativa del 81,6% en 2019 a un 60,3% en su pasada edición, aunque con una
ligera mejora respecto a los datos del 2023 cuando estaban en un 57,4%.
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