Los esfuerzos a nivel internacional para preparar un escudo lo suficientemente férreo ante posibles nuevas crisis sanitarias ha sido insuficiente en los últimos años. Es, al menos, la principal conclusión que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) refleja en un informe reciente sobre últimas tendencias en gasto sanitario. De acuerdo al documento, el “errático” crecimiento de las inversiones nacionales en materia de sanidad desde 2020 ha hecho que las “medidas clásicas de control” de costes se hayan quedado cortas para “mejorar la resiliencia de los sistemas de salud” a largo plazo, frente a lo cual aboga por reducir el gasto “ineficaz y desproporcionado” y aprovechar “los beneficios de la tecnología y la transformación digital”.
En su informe, la OCDE recuerda el “crecimiento excepcional” del gasto
sanitario registrado en sus países miembros entre 2020 y 2021, fruto
de la pandemia de Covid-19. De media, casi el 10 por ciento del gasto
público en salud se dedicó, en 2021, a combatir el virus. “El gasto en
prevención aumentó de forma drástica, pero, desde entonces, ha caído hasta
alcanzar una proporción del gasto en salud similar a la observada antes de la
pandemia”, reza el documento.
Dice la OCDE que, en 2022, la proporción media de las partidas en sanidad
seguían siendo mayores en los presupuestos nacionales que en la etapa previa al
estallido del coronavirus. En 2023 hubo un ligero repunte, pero fue
“moderado en términos reales”. Sin embargo, desde entonces, en un contexto
fiscal “de lento crecimiento económico”, se han ido mermando en beneficio de
“otras prioridades”, entre las que destaca la defensa, la energía, la transición
ecológica y los derechos sociales.
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